Por Juan Rangel
El Reglamento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar se convertirá en la verdadera columna vertebral para la ejecución de proyectos en México, aseguró Francisco Javier Treviño Moreno, consultor jurídico en Estructuración y Financiamiento de Proyectos de Infraestructura.
Durante una conferencia en el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), el especialista remarcó la capacidad de esta norma para aclarar, desarrollar y resolver las dudas operativas.
Además, comentó la importancia de responder al complejo entramado jurídico directo e indirecto que interviene en las obras.
Por su parte, Jesús Campos López, presidente del XLI Consejo Directivo del CICM, subrayó que la rentabilidad financiera es el motor que permite el correcto funcionamiento de los mecanismos de coinversión.
Detalló que la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica permitirá sumar el capital privado e institucional al desarrollo nacional.
“Esa rentabilidad se logra cuando existe un balance adecuado entre el riesgo y el rendimiento. Es el puente que permite que la inversión privada complemente el recurso público”, afirmó.
Desafíos técnicos en la nueva Ley de Infraestructura Estratégica
Al analizar la estructura de la nueva legislación, Treviño Moreno explicó que se trata de un marco complejo compuesto por 141 artículos, doce títulos y ocho transitorios, donde se abordan más de 50 temas clave para el sector.
Entre los aspectos más positivos, el consultor destacó la creación de Vehículos de Propósito Específico (VPE) para emitir certificados bursátiles y un tope financiero del 3% del presupuesto anual para no comprometer el gasto público federal.
Asimismo, celebró el enfoque de “prosperidad compartida”, donde el éxito no solo se mide en dinero, sino en impacto social.
Sin embargo, el experto externó sus dudas sobre la flexibilidad de la ley, la cual permite realizar adjudicaciones directas e iniciar proyectos de inmediato sin contar con los permisos correspondientes, lo que suele generar graves problemáticas operativas.
A esto sumó que la legislación no abunda en la obligatoriedad de realizar estudios previos exhaustivos ni aborda de manera profunda el problema de la liberación de los derechos de vía, factor históricamente crítico para la infraestructura en México.
Llamado del sector técnico a evitar la improvisación
Héctor Javier Ibarrola Reyes, coordinador del Comité de Normatividad del CICM, advirtió que el éxito de la ley dependerá de reglas que garanticen proyectos técnicamente sólidos a largo plazo.
“Ningún esquema financiero puede compensar una mala planeación; es indispensable privilegiar criterios técnicos sobre decisiones políticas”, apuntó.
Finalmente, la mesa coincidió en robustecer la transparencia de la ley, alertando sobre la ausencia de testigos sociales y la falta de participación de la iniciativa privada y de organismos de ingeniería dentro del recién creado Comité de Análisis de Riesgos.
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