Los sismos en México y en el mundo dejan claro que los impactos de estos eventos trascienden en el ámbito técnico y se proyectan hacia dimensiones sociales, económicas y financieras que influyen en la capacidad de resiliencia y recuperación de las ciudades.
“Entiendo que los daños visibles en una estructura representan solo una parte del costo real de un desastre, a esto se suman las pérdidas económicas derivadas de la interrupción de actividades, la pérdida de servicios y los largos procesos de reconstrucción, cuyos efectos se extienden mucho más allá de la fase crítica posterior a un sismo”, explicó Mauricio Jessurun Solomou, presidente del XL Consejo Directivo del CICM, en conferencia de prensa.
Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, explicó que existen diferentes herramientas para cada fase del desastre, por ejemplo, en prevención con fondos de resiliencia, instrumentos de captura de plusvalía (preventivos) e incentivos fiscales; en preparación con fondos de adaptación; en respuesta al evento con bonos catastróficos, fondos de desastres, seguros políticos y privados; y en recuperación con impuestos ex post, instrumentos de captura de plusvalía (reconstrucción) y bonos catastróficos acondicionados.
La investigadora reveló que en México sí existen estrategias de transferencia de riesgos catastróficos, pero que solo se activan ante eventos que cumplen criterios específicos.
“Actualmente, el país dispone de un seguro contra desastres por 5 mil 400 millones de pesos y de bonos catastróficos por hasta 595 millones de dólares, aplicables a sismos de baja y alta frecuencia, así como a huracanes en el Atlántico y el Pacífico. Estos instrumentos operan bajo distintos criterios de aseguramiento según la zonificación del territorio, lo que provoca que nunca se acceda al monto total de los bonos”.
En este sentido, Julio César Fuentes Quezada, consultor de Economía Urbana, planteó la necesidad de cuestionar si la inversión pública se orienta a prevenir los desastres, a reducir su impacto económico una vez que ocurren, o simplemente a gastar recursos después del evento. Las principales categorías ante eventos son:
- Ayuda humanitaria: Basada en donaciones de las que no se puede depender.
- Ahorro y gasto público: Derogaciones una vez ocurrido el desastre mediante fondos de contingencia.
- Deuda: Asumida por el gobierno federal.
- Aseguramiento: Recae principalmente en actores privados y en algunos casos en el sector público.
- Instrumentos financieros y de financiamiento urbano.
Daño vs pérdida en un sismo: ¿Cuál es la diferencia?
De acuerdo con Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, en un sismo puede haber un daño o una pérdida, que si bien pueden parecer lo mismo, son distintas y tienen diversos efectos.
El daño en un sismo se refiere a las afectaciones materiales que pueden cuantificarse en términos monetarios de manera inmediata tras un siniestro, considerando tanto la magnitud física como el valor de reposición de los bienes afectados.
Mientras que la pérdida es un concepto de mayor alcance, “depende de la respuesta social y política ante el desastre y se relaciona con los bienes y servicios que dejan de producirse durante el periodo en que el daño no ha sido reparado, por lo que su medición corresponde a un proceso de más largo plazo”.
Naxhelli Ruiz Rivera también subrayó que en la pérdida implica un gasto adicional al daño, mientras que el daño permite estimar con relativa claridad el costo de la infraestructura afectada.
En este sentido, derivado de un sismo también es importante entender la reconstrucción y recuperación; el primer término se refiere a la reposición de material de los daños y el otro abarca la reactivación económica, los negocios y medios de vida, así como impactos sociales como la salud y la migración forzada.
La doctora Ruiz Rivera concluyó que el riesgo es una construcción social “no mata el sismo, sino la mala edificación”. Advirtió que minimizar costos hoy puede generar graves impactos económicos y sociales en el futuro, por lo consideró urgente abrir un debate público informado y fortalecer una comunicación más responsable y eficaz del riesgo.
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