Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó la iniciativa de reforma constitucional Rentas Justas, la cual enviará al Congreso de la CDMX para garantizar el derecho al arraigo comunitario; establecer rentas razonables, asequibles y transformar las relaciones entre inquilinos y arrendadores.
“Hoy damos un paso histórico para que habitar esta ciudad sea un derecho y no un privilegio. Esta reforma constitucional es un parteaguas en la larga lucha por el territorio y también por la conquista efectiva del derecho a la ciudad”, expresó Brugada Molina.
Según lo informado, la iniciativa responde a una crisis global de vivienda que afecta a más de tres mil millones de personas. Cerca de dos millones de personas viven bajo el régimen de renta; en las zonas centrales, más del 40% destina parte de sus ingresos al alquiler, y en muchos casos los hogares más pobres llegan a gastar hasta la mitad de sus ingresos en este rubro.
De acuerdo con lo informado, con el envío de la iniciativa se busca elevar a rango constitucional un conjunto de reformas en materia de vivienda en renta y dar mayor protección jurídica.
Clara Brugada mencionó que la segunda etapa continuará con la presentación de la Ley de Rentas Justas, Razonable y Asequibles.

Reforma de Rentas Justas en CDMX incorpora 4 ejes
La jefa de Gobierno comunicó que la iniciativa de reforma constitucional Rentas Justas incorpora cuatro ejes estructurales:
1.- Establecer a nivel constitucional que los precios de las rentas no pueden subir por encima de la inflación.
2.- Busca incluir en la Constitución la obligación del Gobierno de articular un políticas integral para incrementar de manera significativa la oferta de vivienda social y asequible; así como mecanismos de acceso a la misma vivienda, en particular a los sectores que menos recursos tienen y a los jóvenes.
Además de considerar como mandato que el Gobierno capitalino amplíe su reserva territorial para la producción de vivienda.
3.- Considera incorporar en la Constitución la creación de la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, encargada de la promoción y de la defensa de los derechos y obligaciones de las relaciones entre arrendadores y arrendatarios.
4.- Incorporar el derecho constitucional de todos los habitantes de la ciudad al arraigo vecinal y comunitario; al vínculo social, cultural, económico y territorial, y a la permanencia donde hayan desarrollado sus proyectos de vida.















