Senado aprueba la reforma a la Ley de Amparo, ADI muestra preocupación por el sector inmobiliario

El pasado 2 de octubre, el Senado aprobó con 76 votos a favor y con 39 en contra el proyecto para reformar la Ley de Amparo, mientras que en lo particular la votación fue de 70 votos a favor y 39 en contra, por lo que fue remitido a la Cámara de Diputados, ¿cuál es su impacto en el sector inmobiliario?

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) reconoce la importancia de contar con un marco jurídico sólido que garantice el respeto a los derechos fundamentales y brinde la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de proyectos de inversión, sin embargo, ha expresado su preocupación. 

De acuerdo con el comunicado, las reformas de la Ley de Amparo, sobre todo aquellas que limitan la procedencia de las suspensiones, restringen los efectos de la solución e incluyen un artículo transitorio con efectos retroactivos. 

“Este último representa un grave riesgo, ya que podría afectar directamente a inversionistas y desarrolladores que hoy tienen juicios de amparo en curso, vulnerando el principio constitucional de no retroactividad de la ley”.

¿Cómo impacta al sector inmobiliario la reforma a la Ley de Amparo? 

La ADI señala que el sector inmobiliario es uno de los más sensibles a los cambios regulatorios, y al mismo tiempo, uno de los más golpeados por actos discrecionales de autoridades en materia de permisos, usos de suelo, densidades y normatividad ambiental. 

“Limitar el alcance de la suspensión en el amparo implica dejar a los desarrolladores sin una defensa efectiva frente a posibles arbitrariedades, generando desventajas competitivas entre proyectos similares y debilitando la confianza de los inversionistas”.

La asociación también destacó que la aplicación inmediata de normas cuestionadas mientras se resuelve su constitucionalidad expone a los proyectos a sobrecostos, retrasos y modificaciones que afectan su viabilidad financiera. 

“La incertidumbre jurídica obligaría incluso a renegociar contratos con inversionistas y clientes, elevando los riesgos financieros y trasladando posibles incrementos de precios al consumidor final. En conjunto, estos cambios perjudican gravemente la competitividad del sector, reducen la oferta de vivienda e infraestructura, y desincentivan la llegada de capital extranjero”.

En este sentido, la ADI hace un llamado respetuoso al Poder Legislativo para que se preserve no solo el equilibrio entre el interés público y la protección efectiva de los derechos de los particulares, sino también el principio de no retroactividad de la ley, como garantía fundamental del Estado de derecho.