Con el fin de proteger el patrimonio de las personas, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, presentó la ‘Estrategia Contra el Despojo de Inmuebles en la Ciudad de México’. En el que se establece que se sancionará con hasta 22 años de prisión a quienes incurran en este delito.
La estrategia incluye las acciones del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, el cual revisa los casos de la ciudadanía y está integrado por diversas dependencias capitalinas, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Poder Judicial local.
“Vamos a hacer frente a este delito de manera coordinada y con un equipo especial de funcionarios que revisarán caso por caso y actuarán de forma inmediata. Como sabemos, el delito de despojo es un fenómeno multifactorial y estructural que combina vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y muchas veces redes criminales que operan con total impunidad”, indicó la titular del Ejecutivo local.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, este año se han asegurado 265 inmuebles por delitos de despojo, de los cuales se han devuelto 196 a sus propietarios.
Asimismo, se informó que los tres tipos de despojos más frecuentes en la CDMX son: actos simulados con documentos falsos; actuación violenta con amenazadas o uso de la fuerza; y el usufructo ilegítimo de un inmueble.

CDMX creará una unidad contra despojos y enviará reformas al Congreso
Clara Brugada también anunció la creación de la Universidad Operativa Especializada contra el Despojo, que dependerá de la Secretaría de Gobierno, y que en los próximos días enviará al Congreso de la Ciudad de México un conjunto de iniciativas de reformas, que incluyen aumento en las penas de este delito y prisión. Además, se implementarán penas a quienes operen este delito en zonas de conservación ecológica o con valor histórico o patrimonial.
Bertha Alcalde Luján, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, informó que se reformará el artículo 237 del Código Penal de la Ciudad de México para sancionar el despojo con penas de seis a 11 de prisión en su tipo base, y de 12 a 22 años de prisión cuando existan agravantes. Entre las nuevas agravantes se consideran:
- La participación de personas que simulen tener un cargo público
- Suplantación de identidad del legítimo propietario o poseedor del inmueble o representación legal
- Participación de una persona titular de notaría pública en ejercicio o con motivo de sus funciones, o personas que, sin tener carácter de notario, accedan a documentos o datos notariales, en virtud de una relación laboral
- Cuando el despojo se trate de un predio declarado área natural protegida, o sea, propiedad del gobierno capitalino
Bertha Alcalde señaló que se propone agregar un artículo 238 Bis para equiparar ciertas conductas con el delito de despojo.
“La idea es que cuando haya inmuebles que están ocupados por personas que no tienen derecho como tal, a ocuparlo, más allá del tema del proceso legal correspondiente al proceso civil que atienda de quién es, quién es el dueño de este inmueble, si hay como tal una solicitud de la autoridad, de que este inmueble debe ser desalojado como tal, estas solicitudes se van a analizar en el gabinete, para estar seguros de que sean solicitudes legítimas y legales, y si las personas deciden no desocupar el inmueble, esta conducta se va a equiparar, como tal, al despojo”.
Por su parte, César Cravioto Romero, secretario de Gobierno, destacó que se harán cambios a la Ley del Registro Público de la Propiedad y al artículo 41 de la Ley Registral para la Ciudad de México, con el fin de evitar fraudes con documentos apócrifos supuestamente emitidos por notarías de otras entidades federativas.











